PODER LEGISLATIVO PROPONE REESTRUCTURAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO


12 de octubre.- Se impulsa Proyecto de Ley que modifica el Decreto Legislativo 1326, con el objetivo de reestructurar el sistema administrativo de defensa jurídica del estado y crear la procuraduría general del estado; a fin de respetar la autonomía constitucional de los poderes legislativo y judicial, así como de los organismos autónomos.

Entre los fundamentos destacados de este Proyecto de Ley indican que se adviertese advierte que la Procuraduría General del Estado es un organismo adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y como tal depende del Poder Ejecutivo, y por ende en la práctica no goza de autonomía funcional ni administrativa, motivo por el cual, el Decreto Legislativo N° 1326 hace mal en establecer que la Procuraduría General del Estado, como ente rector del Sistema Administrativo de la Defensa Jurídica del Estado, en su plan de implementación contemple el proceso de transferencia de plazas, personal, recursos presupuestarios, bienes y acervo documentario de las Procuradurías Públicas de los otros poderes del Estado que gozan de independencia y autonomía, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, como los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los organismos constitucionalmente autónomos (Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva y Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones) violando el principio de separación de poderes reconocido en nuestro texto constitucional.

s advierte que la Procuraduría General del Estado es un organismo
adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y como tal depende del Poder
Ejecutivo, y por ende en la práctica no goza de autonomía funcional ni
administrativa, motivo por el cual, el Decreto Legislativo N° 1326 hace mal en
establecer que la Procuraduría General del Estado, como ente rector del Sistema
Administrativo de la Defensa Jurídica del Estado, en su plan de implementación
contemple el proceso de transferencia de plazas, personal, recursos presupuestarios,
bienes y acervo documentario de las Procuradurías Públicas de los otros poderes del
Estado que gozan de independencia y autonomía, de conformidad con lo dispuesto en
la Constitución Política del Perú, como los Poderes Legislativo y Judicial, así como de
los organismos constitucionalmente autónomos (Contraloría General de la República,
Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva y
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones) violando el principio de separación de poderes reconocido en nuestro texto
constitucional.