PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA INCLUIR LA EXIGENCIA DE CONSULTA POPULAR POR REFORMAS CONSTITUCIONALES

Artículo 1.- Objeto de la ley de reforma constitucional

El objeto de la presente ley de reforma constitucional es incorporar una disposición transitoria a fin de exigir de modo obligatorio que el procedimiento de reforma constitucional al que se refiere el artículo 206 de la Constitución Política del Perú se ratifique mediante referéndum.

Artículo 2.- Incorporación de la Cuarta Disposición Transitoria Especial a la Constitución Política del Perú

Incorporase la Cuarta Disposición Transitoria Especial a la Constitución Política del Perú, en los siguientes términos:

"Cuarta. - Hasta la realización de las elecciones generales extraordinarias para presidente, vicepresidentes, congresistas de la República y representantes al Parlamento Andino por acortamiento del mandato, se establece que las reformas constitucionales a las que se refiere el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política del Perú sean ratificadas de modo obligatorio únicamente por vía referéndum."

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Fundamentos de la propuesta: crisis sistémica, coyuntura trágica sin soluciones inmediatas y perdida acelerada de legitimidad

La grave crisis política que viene arrastrando el Perú por décadas y el pésimo desempeño de sus autoridades políticas han ocasionado que la población exija nuevas elecciones generales. Las protestas continuas han presionado al Congreso de la República para que evalúe la viabilidad y modo de un adelanto de elecciones, y, sobre todo, cuándo se realizarían.

Esto ciertamente, no es una realidad reciente, es una crisis sistémica que ha sido una constante fácilmente verificable en la última década donde distintos gobiernos y partidos políticos con representación parlamentaria se han visto involucrados en diversos hechos de corrupción, situación que nos recuerdan a los momentos más dramáticos de nuestra historia política.

La grave crisis política que viene arrastrando el Perú por décadas y el pésimo desempeño de sus autoridades políticas han ocasionado que la población exija nuevas elecciones generales. Las protestas continuas han presionado al Congreso de la República para que evalúe la viabilidad y modo de un adelanto de elecciones, y, sobre todo, cuándo se realizarían. Esto ciertamente, no es una realidad reciente, es una crisis sistémica que ha sido una constante fácilmente verificable en la última década donde distintos gobiernos y partidos políticos con representación parlamentaria se han visto involucrados en diversos hechos de corrupción, situación que nos recuerdan a los momentos más dramáticos de nuestra historia política.

Justamente esta situación nos ha dejado una situación precaria y convulsa, al borde del estallido social en donde la legitimidad del Parlamento, así como el gobierno de Dina Boluarte se encuentran en una situación muy precaria y sin una mínima legitimidad. Pese a ello, el Parlamento hace caso omisión de la crisis actual y su comportamiento agrava la crisis social y ello siendo uno de los principales actores que ha acentuado la crisis política y ha sido motor de las protestas sociales, con un porcentaje de desaprobación histórico en los últimos 20 años.

Y aunque las demandas de las protestas claramente no incluyen reformas electorales y/o constitucionales y sí un adelanto de elecciones generales lo antes posible, el Congreso de la República finalmente aprobó en primera votación el adelanto de elecciones para abril del 2024 con la finalidad de realizar reformas electorales y constitucionales que permitan mejorar el sistema políticoinstitucional. De modo que, circunstancialmente esta propuesta busca moderar la situación conflictiva permanente canalizando como corresponde la participación social y ciudadana a fin de democratizar durante esta transitoria al régimen político actual.

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