El artículo analiza la naturaleza jurídica de los conflictos derivados de los contratos de fondos colectivos en el Perú, evaluando la procedencia de las vías penal, civil y administrativa. Sostiene que el mero incumplimiento contractual o la frustración de expectativas del adherente no configuran, por sí mismos, el delito de estafa, salvo que se acredite un engaño doloso previo a la celebración del contrato. En ese sentido, concluye que la tutela principal corresponde al Derecho Civil y, especialmente, al Derecho de Protección al Consumidor a través de INDECOPI, reservando la intervención penal como última ratio únicamente para supuestos de fraude debidamente acreditado.